por una NUEVA LEY de RADIOTELEVISIÓN de la REGIÓN DE MURCIA
Hoy, más que nunca, la información se ha
convertido en un privilegio, en una fuente de poder, de influencia y de
manipulación, acentuando el carácter de mercancía, en lugar de tratarla como un
bien público y un derecho esencial. Este Manifiesto surge en un momento de profundo descrédito y
deslegitimación de los medios de
comunicación y de la profesión periodística que conculcan su propio Código
Deontológico. Quiere reivindicar una nueva ley de la Radiotelevisión de la
Región de Murcia (RTRM) que garantice el
derecho a estar informados y a comunicar, sin el cual no hay verdadera
libertad de expresión. La actual ley de RTRM no sólo no los garantiza sino que impide
en la práctica tales derechos.
Los grupos con poder controlan los mensajes
audiovisuales en la televisión y la radio que continúan siendo las
principales plataformas a las que se recurre para enterarse de las noticias. La estructura de mercado privilegia el
acceso de unos pocos colectivos y, por tanto, bloquea la participación real y
no asegura la igualdad de acceso a los medios de comunicación para que las
voces de todos los grupos sociales sean escuchadas, negando así el ejercicio
público de la libertad de expresión. Junto con la reserva libre y gratuita de
una parte del espacio radioeléctrico –que es público– para la producción y
difusión de contenidos audiovisuales por la ciudadanía, la radio y la televisión pública son las únicas que pueden garantizar el
derecho de acceso gratuito a todos los grupos sociales para dar a conocer a la
sociedad sus iniciativas y puntos de vista.
En el contexto
internacional y, especialmente, en el caso español y murciano se está
produciendo lo que podemos llamar la privatización
del derecho a la información. Asistimos a la concentración de la propiedad de los
medios comerciales, lo que cuestiona el
pluralismo y cierra la puerta a la información y la libertad de expresión. En la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se realiza el primer ensayo en España de
privatizar la gestión indirecta del servicio público de televisión (canal 7tv
Región de Murcia) con un resultado desolador: No cumple con sus misiones de
servicio público; la empresa privada CBM-Secuoya y la administración de la CARM
han sido denunciadas por posible fraude e
incumplimiento reiterado del contrato y de la legislación, favoreciendo los
intereses privados de una serie de empresas y perjudicando el interés general;
existe una red clientelar financiada con dinero público en la que participan
diversos medios privados y productoras.
Los poderes públicos
no son los propietarios de la información, pero con la actual ley de RTRM
actúan como si lo fuesen en su propio beneficio e impiden la
independencia y la imparcialidad, con la connivencia
periodística. Los medios públicos, financiados con el dinero de todos, no
pueden seguir siendo el órgano de propaganda
gubernamental ni de los partidos políticos. Hay que dejar de asociar el pluralismo
a la representación política. El pluralismo
informativo es un derecho ciudadano que requiere mostrar –a través de la
programación de RTRM– un reflejo fiel de la sociedad en sus diferentes ámbitos:
Social, político, religioso, cultural y territorial. Sin estos ámbitos no
puede existir verdadero pluralismo en un medio público.
La garantía del
derecho a la información no depende ni puede depender únicamente de la ética
individual del periodista cuando desarrolla su trabajo, y menos todavía cuando
los periodistas están sometidos a presiones laborales y económicas. Lo que está
ocurriendo en el canal público 7tv Región de Murcia es un claro ejemplo.
El Manifiesto busca también
promover la colaboración entre la ciudadanía, los grupos sociales y el
periodismo, para garantizar estos derechos fundamentales. Podemos exigir cambios
y debemos hacerlo. ¿Cómo?
· Considerando la
información, no como una mercancía, sino como un bien público común y como un
derecho básico esencial en una sociedad verdaderamente democrática.
· Combatiendo la censura, la autocensura, la
precariedad e inseguridad laboral, las presiones políticas y comerciales –que
afectan a las decisiones y conducta de los periodistas y son incompatibles con
la independencia y la ética profesional–; combatiendo el actual conformismo y
la resignación social que, si bien critica la manipulación informativa, acaba
aceptándola como inevitable.
· Colaborando en la difusión de este
manifiesto y en el contenido de la nueva ley de RTRM que, entre
sus misiones de servicio público, debe garantizar el desarrollo del enorme potencial educativo de la radio y televisión
públicas para contribuir a la educación de la ciudadanía,
produciendo y difundiendo contenidos educativos de calidad para todos los
segmentos de la sociedad.
Los abajo firmantes, personas y organizaciones
sociales de la Región de Murcia, queremos una radiotelevisión pública que
garantice la independencia, la pluralidad social y la equidad en la libertad de
expresión; que ofrezca la información con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias
exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados. Porque
libertad de expresión, pluralismo, independencia y seguridad, dependen de que
las personas puedan expresarse y comunicar sin miedo e informarse libremente
sobre temas públicos. Para ello
EXIGIMOS
La elaboración urgente de una nueva ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia:
1.- Que defina con claridad su función y las diferentes misiones de servicio
público para que sirvan al interés del conjunto de la sociedad, con una oferta
de calidad garantizada con unos medios económicos, técnicos y humanos adecuados
mediante un régimen de gestión directa en la
radio, la televisión y los
servicios conexos e interactivos.
2.- Que
contribuya a garantizar el acceso
universal a la información, la cultura y la educación con la expresión de una
variedad de valores y con programas de calidad que faciliten la
participación ciudadana
en la vida política, económica, cultural y social de la Región de
Murcia, evitando cualquier forma de discriminación.
3.- Que ofrezca y garantice una
información independiente, amplia, contrastada, plural,
veraz, imparcial, rigurosa, precisa y territorialmente equilibrada, promueva el periodismo de investigación, para informar con seriedad y en profundidad
sobre todas aquellas cuestiones de interés social. Aplicando el concepto “informativo” no sólo a los
programas claramente informativos que se emiten, sino al contenido informativo que el medio público transmite
en la totalidad de su programación. Que desarrolle y garantice con equidad
una definición amplia e inclusiva del derecho de acceso de los grupos sociales, sus realidades y experiencias, mediante
espacios específicos en la radio y la televisión con formatos diversos, tiempos
y horarios. La programación debe garantizar el
pluralismo de la sociedad en distintos ámbitos: social, cultural, político,
ideológico, religioso y territorial. La defensa estricta de
la garantía de independencia de los profesionales de la
información es necesaria y su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho
fundamental a la información de los ciudadanos. Así, la rendición de cuentas
del periodismo frente a la ética profesional, contrastando la adecuación o
inadecuación de las noticias con la realidad de los hechos, moldea la calidad
de la información disponible. Pero
para corregir las deficiencias de pluralismo no basta con el criterio
profesional ya que –por ser corporativo– no es garantía suficiente, por lo que
se necesita una autoridad reguladora independiente (mediante
una ley específica), libre de influencias políticas.
4.- Que impulse la
producción audiovisual independiente regional, elabore contenidos educativos, culturales y
científicos, con programas sobre
cuestiones de interés social (medio ambiente, cambio climático, educación para
la salud, seguridad alimentaria, etc.) que, además de cooperar con la labor
educativa de los padres, puedan ser empleados después en la escuela como
materiales didácticos de apoyo o como recursos de información y formación. Que cumpla la normativa europea para impulsar la alfabetización audiovisual en la sociedad y
en la educación, con
el fin de fomentar la existencia de una ciudadanía mejor informada, madura,
crítica y participativa, capaz de comprender los mensajes que reciben de los
medios audiovisuales.
5.- Que incluya
directrices que garanticen el desarrollo de un sistema de indicadores, tanto sobre los
objetivos generales del servicio público en el Mandato Marco, sobre los
objetivos específicos en el Contrato programa, como sobre la gestión, calidad
audiovisual, etc., que deben
ser parámetros objetivamente cuantificables (porcentajes,
horas, etc.,) En concreto,
indicadores sobre cuotas de programación, variedad programática y por franjas
horarias (incluido el % del presupuesto destinado), valores, diversidad
informativa, pluralismo (social, político, cultural,...), motor de la industria
audiovisual, innovación, naturaleza de la producción (propia, coproducción,
ajena), etc. Sin estos indicadores no es posible el
control ni la transparencia en la gestión de RTRM. Debe garantizar
también la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propia ley de RTRM, del Mandato marco y del
Contrato programa, mediante un régimen sancionador que incluya la separación
del cargo del infractor, así
como multas por los daños y perjuicios causados.
6.- Que asuma y garantice la demanda de participación
ciudadana
mediante un Consejo Asesor, en
consonancia con las garantías de pluralismo, atención a la diversidad social y
cultural. Dicho Consejo elaborará un
reglamento de funcionamiento interno preceptivo que incorpore los mecanismos
reales que garanticen de forma amplia e inclusiva la
participación ciudadana y de los distintos grupos sociales en el desarrollo de
sus funciones:
Participar con informes preceptivos a la Asamblea Regional y al Consejo de
Administración de RTRM sobre la elaboración del Mandato Marco y del Contrato
programa, respectivamente, sobre los criterios y normas que garanticen el
derecho de acceso a los grupos sociales, sobre la creación del Defensor de la
Audiencia; asesorar sobre la línea editorial y la
programación informativa; emitir
informes periódicos de seguimiento y control sobre las líneas y estrategias de
programación y los contenidos (calidad, impacto social y
cultural,...), incluida la línea
editorial y sobre la ejecución periódica del Mandato marco y del Contrato
programa.
7.-
Que el Consejo de Administración de RTRM
sea un órgano despolitizado, compuesto por profesionales independientes, con mecanismos de
evaluación de su idoneidad acordes con un compromiso con la ciudadanía. Con
funciones ejecutivas y dedicación exclusiva, que actúe con autoridad, rigor y
transparencia en la gestión de RTRM; que elabore el Contrato programa y un
informe preceptivo sobre el Mandato Marco. Que inspire su actuación en los
principios de imparcialidad, integridad, honradez, eficacia, accesibilidad,
equilibrio, con plena neutralidad e independencia del gobierno y de los
partidos políticos.
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PÁSALO
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