La denuncia explica que la
empresa oculta los ingresos obtenidos en 2015 por financiación pública, publicidad
y venta de programas para incumplir el contrato y la normativa en la convocatoria
pública de financiación anticipada de obras audiovisuales. Intenta apropiarse
de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a Radiotelevisión de
la Región de Murcia. La complicidad y dejación de funciones de todos los
encargados del seguimiento y control (Gobierno y Radiotelevisión), e indica
posibles delitos de fraude, prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.
CBM-Secuoya incumple de
nuevo del contrato
El
artículo 5.3 de la LGCA señala la obligación de los prestadores
públicos del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de contribuir
anualmente a la financiación anticipada de obras audiovisuales con el 6 por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio anterior, conforme a
su cuenta de explotación. «En su oferta –dice la
denuncia– CBM-Secuoya se comprometió a destinar a dicha financiación anticipada
un 10 por ciento». Pero el documento de la convocatoria recoge el 6 por
ciento, por lo que la empresa «incumple el contrato».
De hecho, «no recoge la cantidad que va destinada a dicha
financiación anticipada. Así evita decir cuales son los
ingresos devengados en 2015», procedentes de la
financiación pública recibida de la CARM, de los ingresos
derivados de la publicidad y de la comercialización de programas. A la
suma total de estos ingresos hay que aplicarle el 10 por ciento e incluir la
cantidad en el documento de la convocatoria pública. Al no hacerlo «puede existir un posible fraude».
El control y comprobación de todos los ingresos señalados corresponde al
Órgano de contratación a través del Responsable del contrato y a
Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM). «Y claro, surge la
pregunta: ¿Por qué el Responsable del contrato y RTRM no han
exigido a CBM-Secuoya que acredite los ingresos de 2015 y les aplique el 10 por
ciento contractual en la convocatoria?».
Intenta
apropiarse de los derechos de propiedad intelectual de RTRM
Indica que el documento «pide a las productoras que se presenten
a la convocatoria que indiquen, entre otras cosas, los ‘derechos de explotación que se cederían a CBM’».
Esto infringe la ley y el contrato ya que, como indica el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT) «todos los programas de servicio publico que se produzcan
dentro del servicio previsto en el contrato tendrán consideración de producción
propia ostentando RTRM los derechos de propiedad intelectual».
Y añade que «no es la primera vez que CBM-Secuoya
intenta apropiarse de los derechos de propiedad intelectual de RTRM. En la tercera denuncia
presentada por la APARM el 21/3/2016
ya se denunció la vulneración del régimen de propiedad intelectual de unos
1.120 programas de servicio público emitidos en 7RM entre junio y octubre de
2015. Tras la denuncia los programas han continuado en la
web http://7tvregiondemurcia.es con el copyright de CBM, donde aún permanecen, más de un año después
de su primera emisión, con la total y absoluta complicidad de todos los
órganos: Contratación, Responsable del contrato, RTRM y Comisión de seguimiento».
«Opacidad y falta de
garantías de equidad para los productores independientes»
La denuncia menciona otros aspectos de
la «falta de garantías de equidad y
transparencia para los productores independientes. Lo que indica un intento
claro de manipulación de la convocatoria». Así, cabe destacar
que «la documentación a presentar, no incluye la financiación a solicitar por el productor». En los requisitos de la documentación
no diferencia «sobre
si las obras están sólo en proyecto o comenzadas pero no finalizadas, o si la
producción de las obras ya está finalizada». El documento «no
indica nada sobre la naturaleza jurídica» de la financiación, ya sea «como
coproductora» o «mediante la adquisición de derechos de emisión».
Además, el
documento «incluye el apartado Otras
obras audiovisuales que está
expresamente excluido» de la normativa, lo que «le sirve de justificación
para seleccionar cualquier tipo de obra audiovisual que le convenga». Asimismo,
«no existe la posibilidad de que los productores puedan presentar los proyectos
en un registro, donde quede constancia de un modo transparente, claro y seguro».
Como el documento carece de firma, «nadie se responsabiliza
de la convocatoria». Y añade: «Llama la atención que la
información que presenta regularmente esta empresa a RTRM y al Responsable del
contrato nunca esté firmada ni sellada, ni exista nada que identifique a
CBM-Secuoya».
Posibles delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad
documental
Después de cinco meses desde la
publicación de la convocatoria, la PDAMP y la APARM preguntan: «¿Cómo es posible que los órganos de
control no se hayan enterado de NINGUNO de los incumplimientos señalados en
esta denuncia y en las cuatro anteriores? ¿Qué control hacían antes de las
denuncias, qué han hecho después?». Y concluyen que hay una reiterada
«dejación de sus funciones que favorece claramente los intereses privados de la
empresa CBM-Secuoya y perjudica el interés general». Incurriendo en posibles
delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.
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