La denuncia aporta abundantes datos
de la red clientelar creada en torno a la televisión pública 7RM, su
financiación y la restricción del pluralismo informativo. La gran mentira de la
creación de empleo estable y de calidad ofertado por la empresa. La dejación de
funciones de todos los encargados del seguimiento y control: Radiotelevisión y
el Órgano de contratación.
La Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medio
Públicos de Comunicación de la Región de Murcia (PDAMP) y la Asociación de
Productores Audiovisuales Región de Murcia (APARM), presentaron ayer lunes por
registro una denuncia dirigida al Órgano de contratación (el Consejero de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín),
solicitándole que «resuelva de
inmediato el contrato a CBM-Secuoya».
Red
clientelar con televisiones privadas y algunas productoras financiada por la
televisión pública 7RM
Según los abundantes datos que aporta la denuncia mes
a mes, «de la cantidad total
(1.599.421,71) destinada a la producción de programas y captación de noticias
entre junio y diciembre de 2015, el 62,8% de la financiación se ha destinado a
televisiones privadas, y sólo el 37,2 % se ha destinado a productores
independientes». En ese período «la televisión pública 7RM destinó más de un millón de euros de dinero
público a televisiones privadas autonómicas y locales». Está sufragando con dinero público a televisiones privadas que se
supone son sus competidoras.
«Otra consecuencia de la participación de
todas estas televisiones privadas en la información que traslada 7RM a la
población, es impedir aún más el ya
precario pluralismo de contenidos informativos existente en la región», indica la denuncia. «Con este control gubernamental, a la vez que se restringe en la práctica el
pluralismo en la oferta de operadores, impide también la pluralidad, veracidad
e independencia informativa de los contenidos que se difunden. En otras
palabras: se impide el derecho a estar informados y a comunicar y, por tanto,
la libertad de expresión».
Opacidad
y un modelo clientelar en la contratación de productores
La denuncia también desvela con abundante información
y los importes pagados mes a mes a las empresas, la discriminación en la
contratación de productores independientes realizada por la empresa CBM-Secuoya
que, «además de realizarse con
opacidad, ha seguido un modelo clientelar, favoreciendo a un determinado número
de empresas productoras de la región y excluyendo a otras».
Añade que esto ha sido posible «por la dejación de funciones de los
órganos y personas responsables del seguimiento y control». También «debido a la ausencia de un protocolo que
diera transparencia y garantizase la igualdad de trato y no discriminación en
el proceso de presentación de proyectos, plazos de respuesta motivada y
contratación».
Secuoya
encubre con trampas que incumple una obligación esencial del contrato
De acuerdo con la Ley General de la Comunicación
Audiovisual, «una televisión es un ‘prestador del servicio de comunicación audiovisual’ y la definición
legal y función práctica que desempeña es diferente a la del productor
independiente». La denuncia desvela como en los informes que la empresa
adjudicataria CBM-Secuoya llama «retornos a productoras murcianas», junta «los importes destinados a productores
independientes, a televisiones privadas y otros conceptos, para ocultar que incumple todos los meses una cláusula especial del
contrato y la normativa legal por la que éste se rige».
Según los pliegos de la licitación, es una condición especial de rescisión
del contrato «que el porcentaje de
financiación, destinado a la producción independiente realizada por el sector
audiovisual regional, no sea inferior al 25% del importe de la compensación
económica otorgada a la adjudicataria para el cumplimento de las obligaciones
del servicio público televisivo». Lo que
ha incumplido todos los meses durante 2015, ya que el porcentaje más alto ha
sido de15,02% y la media es del 11,47%, que no llega ni a la mitad del mínimo
exigido.
«¿Incompetencia o dejación de funciones colectiva?»
Asimismo, indica que no se han presentado presupuestos de los
programas para ser auditados por RTRM y que, a pesar de todos los
incumplimientos, «el Responsable del contrato ha conformado las
facturas y la empresa CBM-Secuoya las ha cobrado», sin exigirle antes «la efectiva y correcta
prestación del servicio», como exige el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
«La
gran mentira de la creación de empleo»
La denuncia ofrece mes a mes el coste de los 85
empleos directos que los informes de RTRM dicen que ha creado CBM-Secuoya y que,
entre junio y diciembre de 2015, asciende a 1.542.010 euros. Dichos informes de RTRM dicen también que según la
empresa se han creado 130 empleos indirectos. Pues bien, en ese mismo periodo la cantidad total destinada a productores y
televisiones privadas para la producción de programas y captación de noticias es de 1.599.421. La denuncia de la PDAMP y APARM indica
que con esta cantidad ligeramente mayor que lo que cuestan 85 empleos, «es imposible crear los 130 empleos,
producir los programas y grabar noticias. Salvo que sean empleos de unos pocos días y muy
precarios. Aún así, hay que aportar pruebas válidas para aceptarlo. Evidencia
del fracaso de la gestión indirecta de 7RM y el incumplimiento de la oferta de
CBM-Secuoya que dijo garantizar un empleo estable y de calidad».
Añade que «en esta gran
mentira de los 130 empleos, resulta muy difícil entender que no se hayan dado
cuenta, tanto el Responsable del contrato, como RTRM y el Órgano de
contratación, en su labor de seguimiento y control». Aporta información que
demuestra que estos órganos no han exigido nunca a la empresa los documentos
oficiales en materia laboral y de seguridad social, para comprobar el empleo
creado.
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