La PDAMP entrega las
denuncias sobre los numerosos incumplimientos contractuales y legales de la
empresa CBM-Secuoya, además del informe sobre la necesidad de modificar con
urgencia la Ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia, tras reunirse con la
Presidenta de la Asamblea Regional y los cuatro grupos parlamentarios.
En
la reunión del pasado jueves 6 de mayo, tanto la Presidenta de la Asamblea
Regional, Rosa Peñalver, como los representantes de los grupos parlamentarios,
confirmaron a los miembros de la PDAMP que ninguna de las dos consejerías a las
que se había entregado las denuncias, ni la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo, ni la Consejería de Cultura y Portavocía les había entregado las tres denuncias, mes y medio
después de haberlo solicitado en la tercera denuncia. Las denuncias han sido
realizadas por la APARM, uno de los colectivos integrados en la PDAMP y que
ésta, además de colaborar en su realización, suscribe y apoya íntegramente.
Los
representantes de la PDAMP expusieron que a pesar del elevado número de
incumplimientos contractuales y legales de la empresa CBM-Secuoya, encargada de
la gestión indirecta de la televisión pública autonómica 7RM, no se ha iniciado
ni un solo procedimiento de
imposición de penalidades a dicha empresa por parte de la Administración
de la CARM. Con esta dejación de funciones por parte del Órgano de
contratación, del Responsable del contrato, de Radiotelevisión de la Región de
Murcia (RTRM) y de la Comisión de seguimiento del Contrato-programa, se están
favoreciendo los intereses privados de CBM-Secuoya y perjudicando el interés
general.
Las denuncias
evidencian la necesidad urgente de modificar la actual ley de RTRM
Rosa
Peñalver coincidió con los miembros de la PDAMP en que a la sociedad murciana le
cuesta millones de euros una televisión pública que no cumple con su función y
misiones de servicio público. «Que alguien tendrá la responsabilidad de la mala
gestión de la televisión». Y añadió que «habría que empezar de cero. Cerrar,
ventilar y abrir de nuevo». Asimismo, Rosa Peñalver se comprometió a entregar a
los cuatro grupos parlamentarios los documentos que le envíe la PDAMP.
Los
miembros de la PDAMP les dijeron a los representantes de los grupos
parlamentarios que la raíz del problema que expresan las denuncias, no es
únicamente el fracaso del modelo de gestión indirecta de la televisión 7RM por
la empresa CBM-Secuoya y su sustitución por un modelo de gestión directa. El
problema también está en las numerosas deficiencias de la actual ley de RTRM
que impiden que pueda cumplir con su función y misiones de servicio público.
Misiones que ni siquiera contempla la normativa existente, pero que determinan
las líneas, objetivos y estrategias de producción y programación. Está en la
inexistencia de un sistema de indicadores sobre los objetivos de programación,
la calidad audiovisual y la gestión del servicio público; sin estos indicadores
no es posible ni el control ni la transparencia. Está en la ausencia de unos
órganos (Consejo de Administración, Consejo Asesor, Consejo de informativos,...)
que garanticen la independencia, pluralismo, profesionalidad y participación
ciudadana de la programación. Todas estas deficiencias están recogidas
Así,
el actual Consejo de Administración no ha sido capaz de detectar ni una sola de
las irregularidades que recogen las denuncias. Lo que demuestra no sólo la
falta de capacidad y profesionalidad de la mayoría de sus componentes, sino también
su incapacidad como órgano por sus funciones y composición, basada en criterios
de distribución de poder partidista. Tampoco la elección del Director General
de RTRM por la Asamblea Regional resuelve en su origen el problema de fondo de
la gestión indirecta de 7RM y lo que señalan las denuncias, ya que carece de
competencias para modificar las atribuciones que la ley de RTRM le otorga a la
empresa CBM-Secuoya (el actual gestor indirecto de 7RM).
Todo
ello indica, una vez más, la necesidad de cambiar la ley de RTRM en su
totalidad por una nueva. Porque mientras no se cambie la ley, se está negando
en la práctica a la población una radiotelevisión que, entre otras cosas, garantice
realmente el derecho a estar informados y a comunicar, sin el cual no se puede
ejercer la libertad de expresión. Ya que para ejercer ese derecho es esencial que
la radiotelevisión pública cumpla con su función y misiones, sin lo cual las
voces de los colectivos sociales no pueden ser escuchadas.
Andrés
Pedreño, diputado del grupo parlamentario Podemos, dijo que conocía alguna de
las denuncias y expresó el acuerdo de su grupo con cambiar en profundidad la
actual ley de RTRM. Podemos ya planteó cambiar la ley de RTRM en su
totalidad, cuando el PSOE propuso cambiar sólo la forma de elección del
director general.
El
diputado del PSOE, Emilio Ivars, dijo que conocía las denuncias a
través de la web de APARM y que habían estado solicitando bastante información
al Gobierno (informes de seguimiento firmados, de audiencias, etc.) sobre gran
parte del contenido de las denuncias. Pero que “si hay algo en los informes
firmados que no se está haciendo bien, el camino es otro”. Que tenían previsto
pedir un informe sobre las soluciones que se están adoptando. Reconoció que la
comisión sobre RTRM de la Asamblea Regional no se había reunido ni una sola vez
en los diez meses de legislatura. La pretensión del PSOE de elaborar primero
una ley del audiovisual y dejar para el final la ley de RTRM, no fue compartido
por los miembros de PDAMP, ya que la ausencia de información veraz por los
medios públicos de RTRM está provocando un daño enorme al conjunto de la
sociedad, como expresan en parte las denuncias y se recoge más exhaustivamente
en el informe sobre RTRM.
El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Miguel Á. López-Morell, dijo que no conocía la existencia de las
denuncias, pero que las leería con atención. Que ellos estaban para construir y,
una vez que era consciente de la denuncias, se interesó por conocer el informe
y la proposición de ley de RTRM elaborados por la PDAMP; también se comprometió
a dar transparencia y hacer todo lo posible por resolver una cuestión tan
sensible como la de RTRM.
Elena Ruíz, diputada del PP dijo que no conocía las denuncias ni el informe sobre RTRM, pero que las leería con atención y hablaría con su portavoz. Valoraba el esfuerzo de la PDAMP por preparar y estudiar el tema a fondo.
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