Radiotelevisión de la Región de
Murcia seguirá impidiendo el derecho de acceso a los grupos sociales y privando
a la ciudadanía de una información veraz, contrastada, independiente y plural
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| El diputado del PSOE Emilio Ibars defendiendo la vergonzosa reforma de la lay de RTRM en la Asamblea Regional |
MURCIA.- El pasado jueves 22 de octubre, la Asamblea
Regional aprobó una reforma de la ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia
(RTRM), a propuesta del PSOE y con los votos a favor del Partido Popular y
Ciudadanos, en la que sólo se modificó el mecanismo de nombramiento del
Director General de RTRM. Por lo que esta vergonzosa reforma seguirá impidiendo
que RTRM cumpla con su función y misiones de servicio público.
Con el amparo de esta ley se sigue impidiendo que
RTRM difunda la información que los grupos
sociales intentan trasladar al conjunto de la sociedad. Es decir, se impide el
acceso a los ciudadanos y ciudadanas que son los verdaderos accionistas de la
radiotelevisión pública. Al impedir a los grupos sociales el ejercicio efectivo
del derecho de acceso constitucional a los medios públicos, no es posible la
libertad de expresión, ni el pluralismo ni la transparencia. Síntomas
claros de ausencia de salud social democrática. Con este engaño a los
murcianos, pretenden seguir aparentando que se modifica algo para que todo siga
igual: que los partidos utilicen en su propio interés la radiotelevisión
pública.
En su exposición el diputado del PSOE, Emilio Ivars, presentó la proposición de reforma de la ley en la tribuna de la Asamblea Regional, como «una medida urgente para conseguir la imparcialidad, la pluralidad y la independencia informativa». Lo que es falso. El señor Ivars nos mintió y engaño deliberadamente por varias razones:
1ª Porque él sabe que, según el artículo 12 de la
ley, el Director General tiene la obligación de «ordenar la programación, de
acuerdo con los principios básicos y las líneas generales aprobados por el
Consejo de Administración», que está
formado exclusivamente por representantes de los partidos políticos. Con
esta composición del Consejo de Administración, basada en criterios de
distribución de poder partidista, es un engaño hablar de independencia ya que
esta exige, entre otras cosas, despolitizar al máximo todos los órganos de
dirección de RTRM y dotarlos de profesionales cualificados. Algo que no es
posible con la actual ley. De hecho, la reciente elección de los miembros del
Consejo de Administración en la Asamblea Regional, incumplió la Ley General de
la Comunicación Audiovisual y la actual ley de RTRM. Estas exigen que la
«composición –del Consejo– deberá reflejar el pluralismo político y social de
la Región de Murcia». Sin embargo, la representación social en el Consejo
brilla por su ausencia. Una prueba más de que los partidos políticos no quieren
que la participación ciudadana vaya más allá de una promesa electoral que,
realmente, no desean cumplir.
Por tanto, si los criterios rectores de la
dirección editorial de la radiotelevisión pública, no es una competencia del
Director General, sino que le corresponde al actual Consejo de Administración
que carece de neutralidad política, el señor Ibars mintió al afirmar que el objetivo de cambiar la forma de elección del
Director General era «garantizar independencia y pluralidad» en la
radiotelevisión pública. Ni había independencia y pluralidad informativa antes,
ni la hay después de esta engañosa reforma de la ley de RTRM.
PSOE y CIUDADANOS incumplen su compromiso electoral con la ciudadanía de la Región de Murcia
PSOE y CIUDADANOS incumplen su compromiso electoral con la ciudadanía de la Región de Murcia
2ª
Porque el señor Ivars sabe que, con esta reforma de la ley, el PSOE y
Ciudadanos son cómplices y responsables de mantener el actual modelo de gestión
indirecta de la televisión pública 7RM, que otorga a la empresa adjudicataria CBM-Secuoya
autonomía decisoria en la programación y el poder exclusivo sobre la
información. Como dice el pliego de prescripciones técnicas, «los programas de
servicio público de tipo informativo serán producidos directamente por el
adjudicatario, asumiendo este la determinación de formato, estructura,
programación periodicidad, organización, edición, emisión y responsabilidad
editorial». Y mientras se mantenga el modelo de gestión indirecta, el Director
General carece de potestad sobre CBM-Secuoya para garantizar a los murcianos el
derecho de acceso, una información veraz, independiente y plural. Una prueba
más de que la reforma de la ley aprobada en la Asamblea Regional es un engaño a
la ciudadanía.
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| El portavoz de Ciudadanos Miguel Sánchez defendiendo la vergonzosa reforma de la ley de RTRM en la Asamblea Regional |
3º Porque es un hecho que los señores Ivars y Sánchez saben que
la reforma de la ley aprobada, impide satisfacer el derecho a estar informados
y a comunicar, junto a las necesidades culturales, educativas y democráticas del conjunto de la
sociedad murciana. Saben que la ley carece de los criterios que deben aplicar los
órganos rectores, para reflejar adecuadamente el pluralismo social y político
en la línea editorial de la programación. Saben que la ley carece de
indicaciones sobre el seguimiento y control del cumplimiento de las funciones y
obligaciones generales del servicio público. A su vez, el mandato-marco carece
de las directrices sobre el sistema de indicadores, por lo que no es posible el
control ni la transparencia en la gestión de la radiotelevisión pública.
Todas las deficiencias de la ley están recogidas
en el informe Necesidad urgente de una nueva ley de
Radiotelevisión de la Región de Murcia , entregado por la PDAMP con
anterioridad a la reforma a los portavoces de los grupos parlamentarios. Por
tanto, el engaño de la reforma de la ley es deliberado, ya que sabían que
cambiar la forma de elección del Director General no resuelve ninguna de las
deficiencias de la ley.
Entonces, ¿cuál es el objetivo oculto por el que
han engañado a la sociedad murciana? Que el control que antes tenía el Partido
Popular sobre los órganos rectores de RTRM, sea ahora compartido con el PSOE y
Ciudadanos. Esto era lo realmente «urgente» que no explicó el señor Emilio
Ivars y a lo que se refería el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, al decir
«hemos alcanzado un consenso». Pero este consenso requiere mantener las
deficiencias actuales de la ley y la gestión indirecta de 7RM con la empresa
CBM-Secuoya. De esta forma impiden recuperar el control público de 7RM que,
entre otras cosas, exige modificar en la ley el régimen de gestión indirecta
privada por la gestión pública directa. Por eso el PSOE y Ciudadanos lo
omitieron en sus discursos, incumpliendo así su compromiso electoral de apoyo a
la gestión directa.
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