La reforma de la ley de RTRM aprobada por la Asamblea Regional es un engaño

Radiotelevisión de la Región de Murcia seguirá impidiendo el derecho de acceso a los grupos sociales y privando a la ciudadanía de una información veraz, contrastada, independiente y plural

El diputado del PSOE Emilio Ibars defendiendo la vergonzosa reforma de la lay de RTRM en la Asamblea Regional

MURCIA.- El pasado jueves 22 de octubre, la Asamblea Regional aprobó una reforma de la ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), a propuesta del PSOE y con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, en la que sólo se modificó el mecanismo de nombramiento del Director General de RTRM. Por lo que esta vergonzosa reforma seguirá impidiendo que RTRM cumpla con su función y misiones de servicio público.

Con el amparo de esta ley se sigue impidiendo que RTRM difunda la información que los grupos sociales intentan trasladar al conjunto de la sociedad. Es decir, se impide el acceso a los ciudadanos y ciudadanas que son los verdaderos accionistas de la radiotelevisión pública. Al impedir a los grupos sociales el ejercicio efectivo del derecho de acceso constitucional a los medios públicos, no es posible la libertad de expresión, ni el pluralismo ni la transparencia. Síntomas claros de ausencia de salud social democrática. Con este engaño a los murcianos, pretenden seguir aparentando que se modifica algo para que todo siga igual: que los partidos utilicen en su propio interés la radiotelevisión pública.

En su exposición el diputado del PSOE, Emilio Ivars, presentó la proposición de reforma de la ley en la tribuna de la Asamblea Regional, como «una medida urgente para conseguir la imparcialidad, la pluralidad y la independencia informativa». Lo que es falso. El señor Ivars nos mintió y engaño deliberadamente por varias razones:

1ª Porque él sabe que, según el artículo 12 de la ley, el Director General tiene la obligación de «ordenar la programación, de acuerdo con los principios básicos y las líneas generales aprobados por el Consejo de Administración», que está formado exclusivamente por representantes de los partidos políticos. Con esta composición del Consejo de Administración, basada en criterios de distribución de poder partidista, es un engaño hablar de independencia ya que esta exige, entre otras cosas, despolitizar al máximo todos los órganos de dirección de RTRM y dotarlos de profesionales cualificados. Algo que no es posible con la actual ley. De hecho, la reciente elección de los miembros del Consejo de Administración en la Asamblea Regional, incumplió la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la actual ley de RTRM. Estas exigen que la «composición –del Consejo– deberá reflejar el pluralismo político y social de la Región de Murcia». Sin embargo, la representación social en el Consejo brilla por su ausencia. Una prueba más de que los partidos políticos no quieren que la participación ciudadana vaya más allá de una promesa electoral que, realmente, no desean cumplir.

Por tanto, si los criterios rectores de la dirección editorial de la radiotelevisión pública, no es una competencia del Director General, sino que le corresponde al actual Consejo de Administración que carece de neutralidad política, el señor Ibars mintió al afirmar que el objetivo de cambiar la forma de elección del Director General era «garantizar independencia y pluralidad» en la radiotelevisión pública. Ni había independencia y pluralidad informativa antes, ni la hay después de esta engañosa reforma de la ley de RTRM. 

PSOE y CIUDADANOS incumplen su compromiso electoral con la ciudadanía de la Región de Murcia

2ª  Porque el señor Ivars sabe que, con esta reforma de la ley, el PSOE y Ciudadanos son cómplices y responsables de mantener el actual modelo de gestión indirecta de la televisión pública 7RM, que otorga a la empresa adjudicataria CBM-Secuoya autonomía decisoria en la programación y el poder exclusivo sobre la información. Como dice el pliego de prescripciones técnicas, «los programas de servicio público de tipo informativo serán producidos directamente por el adjudicatario, asumiendo este la determinación de formato, estructura, programación periodicidad, organización, edición, emisión y responsabilidad editorial». Y mientras se mantenga el modelo de gestión indirecta, el Director General carece de potestad sobre CBM-Secuoya para garantizar a los murcianos el derecho de acceso, una información veraz, independiente y plural. Una prueba más de que la reforma de la ley aprobada en la Asamblea Regional es un engaño a la ciudadanía.

El portavoz de Ciudadanos Miguel Sánchez defendiendo la vergonzosa
reforma de la ley de RTRM en la Asamblea Regional 

Las falsas alabanzas al sector audiovisual del señor Ivars, tenían como objetivo ocultar que esta reforma de la ley propuesta por el PSOE, supone contribuir a que la televisión pública 7RM no actúe como motor de desarrollo de la industria audiovisual y se mantenga la precariedad e inestabilidad en el empleo directo e indirecto. Supone contribuir a que la empresa CBM-Secuoya mantenga la actual red clientelar, financiada con fondos públicos y que siga gozando de impunidad el incumplimiento de sus compromisos contractuales y legales; o que continúe la opacidad y discriminación en la contratación de las empresas productoras. Todo ello con un coste mensual para la sociedad murciana de 743.801,65 euros, por una televisión que no cumple con su función y misiones de servicio público.

3º Porque es un hecho que los señores Ivars y Sánchez saben que la reforma de la ley aprobada, impide satisfacer el derecho a estar informados y a comunicar, junto a las necesidades culturales, educativas y democráticas del conjunto de la sociedad murciana. Saben que la ley carece de los criterios que deben aplicar los órganos rectores, para reflejar adecuadamente el pluralismo social y político en la línea editorial de la programación. Saben que la ley carece de indicaciones sobre el seguimiento y control del cumplimiento de las funciones y obligaciones generales del servicio público. A su vez, el mandato-marco carece de las directrices sobre el sistema de indicadores, por lo que no es posible el control ni la transparencia en la gestión de la radiotelevisión pública.

Todas las deficiencias de la ley están recogidas en el informe Necesidad urgente de una nueva ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia , entregado por la PDAMP con anterioridad a la reforma a los portavoces de los grupos parlamentarios. Por tanto, el engaño de la reforma de la ley es deliberado, ya que sabían que cambiar la forma de elección del Director General no resuelve ninguna de las deficiencias de la ley.

Entonces, ¿cuál es el objetivo oculto por el que han engañado a la sociedad murciana? Que el control que antes tenía el Partido Popular sobre los órganos rectores de RTRM, sea ahora compartido con el PSOE y Ciudadanos. Esto era lo realmente «urgente» que no explicó el señor Emilio Ivars y a lo que se refería el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, al decir «hemos alcanzado un consenso». Pero este consenso requiere mantener las deficiencias actuales de la ley y la gestión indirecta de 7RM con la empresa CBM-Secuoya. De esta forma impiden recuperar el control público de 7RM que, entre otras cosas, exige modificar en la ley el régimen de gestión indirecta privada por la gestión pública directa. Por eso el PSOE y Ciudadanos lo omitieron en sus discursos, incumpliendo así su compromiso electoral de apoyo a la gestión directa.