MANIFIESTO

por una NUEVA LEY de RADIOTELEVISIÓN de la  REGIÓN DE MURCIA

Hoy, más que nunca, la información se ha convertido en un privilegio, en una fuente de poder, de influencia y de manipulación, acentuando el carácter de mercancía, en lugar de tratarla como un bien público y un derecho esencial. Este Manifiesto surge en un momento de profundo descrédito y deslegitimación de los medios de comunicación y de la profesión periodística que conculcan su propio Código Deontológico. Quiere reivindicar una nueva ley de la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) que garantice el derecho a estar informados y a comunicar, sin el cual no hay verdadera libertad de expresión. La actual ley de RTRM no sólo no los garantiza sino que impide en la práctica tales derechos.
Los grupos con poder controlan los mensajes audiovisuales en la televisión y la radio que continúan siendo las principales plataformas a las que se recurre para enterarse de las noticias. La estructura de mercado privilegia el acceso de unos pocos colectivos y, por tanto, bloquea la participación real y no asegura la igualdad de acceso a los medios de comunicación para que las voces de todos los grupos sociales sean escuchadas, negando así el ejercicio público de la libertad de expresión. Junto con la reserva libre y gratuita de una parte del espacio radioeléctrico –que es público– para la producción y difusión de contenidos audiovisuales por la ciudadanía, la radio y la televisión pública son las únicas que pueden garantizar el derecho de acceso gratuito a todos los grupos sociales para dar a conocer a la sociedad sus iniciativas y puntos de vista.
En el contexto internacional y, especialmente, en el caso español y murciano se está produciendo lo que podemos llamar la privatización del derecho a la información. Asistimos a la concentración de la propiedad de los medios comerciales, lo que cuestiona el pluralismo y cierra la puerta a la información y la libertad de expresión. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se realiza el primer ensayo en España de privatizar la gestión indirecta del servicio público de televisión (canal 7tv Región de Murcia) con un resultado desolador: No cumple con sus misiones de servicio público; la empresa privada CBM-Secuoya y la administración de la CARM han sido denunciadas por posible fraude e incumplimiento reiterado del contrato y de la legislación, favoreciendo los intereses privados de una serie de empresas y perjudicando el interés general; existe una red clientelar financiada con dinero público en la que participan diversos medios privados y productoras.
Los poderes públicos no son los propietarios de la información, pero con la actual ley de RTRM actúan como si lo fuesen en su propio beneficio e impiden la independencia y la imparcialidad, con la connivencia periodística. Los medios públicos, financiados con el dinero de todos, no pueden seguir siendo el órgano de propaganda gubernamental ni de los partidos políticos. Hay que dejar de asociar el pluralismo a la representación política. El pluralismo informativo es un derecho ciudadano que requiere mostrar –a través de la programación de RTRM– un reflejo fiel de la sociedad en sus diferentes ámbitos: Social, político, religioso, cultural y territorial. Sin estos ámbitos no puede existir verdadero pluralismo en un medio público.
La garantía del derecho a la información no depende ni puede depender únicamente de la ética individual del periodista cuando desarrolla su trabajo, y menos todavía cuando los periodistas están sometidos a presiones laborales y económicas. Lo que está ocurriendo en el canal público 7tv Región de Murcia es un claro ejemplo.
El Manifiesto busca también promover la colaboración entre la ciudadanía, los grupos sociales y el periodismo, para garantizar estos derechos fundamentales. Podemos exigir cambios y debemos hacerlo. ¿Cómo?
·    Considerando la información, no como una mercancía, sino como un bien público común y como un derecho básico esencial en una sociedad verdaderamente democrática.
·    Combatiendo la censura, la autocensura, la precariedad e inseguridad laboral, las presiones políticas y comerciales –que afectan a las decisiones y conducta de los periodistas y son incompatibles con la independencia y la ética profesional–; combatiendo el actual conformismo y la resignación social que, si bien critica la manipulación informativa, acaba aceptándola como inevitable.
·    Colaborando en la difusión de este manifiesto y en el contenido de la nueva ley de RTRM que, entre sus misiones de servicio público, debe garantizar el desarrollo del enorme potencial educativo de la radio y televisión públicas para contribuir a la educación de la ciudadanía, produciendo y difundiendo contenidos educativos de calidad para todos los segmentos de la sociedad.
Los abajo firmantes, personas y organizaciones sociales de la Región de Murcia, queremos una radiotelevisión pública que garantice la independencia, la pluralidad social y la equidad en la libertad de expresión; que ofrezca la información con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados. Porque libertad de expresión, pluralismo, independencia y seguridad, dependen de que las personas puedan expresarse y comunicar sin miedo e informarse libremente sobre temas públicos. Para ello
EXIGIMOS

La elaboración urgente de una nueva ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia:
1.-  Que defina con claridad su función y las diferentes misiones de servicio público para que sirvan al interés del conjunto de la sociedad, con una oferta de calidad garantizada con unos medios económicos, técnicos y humanos adecuados mediante un régimen de gestión directa en la radio,  la televisión y los servicios conexos e interactivos.
2.- Que contribuya a garantizar el acceso universal a la información, la cultura y la educación con la expresión de una variedad de valores y con programas de calidad que faciliten la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social de la Región de Murcia, evitando cualquier forma de discriminación. 
3.- Que ofrezca y garantice una información independiente, amplia, contrastada, plural, veraz, imparcial, rigurosa, precisa y territorialmente equilibrada, promueva el periodismo de investigación, para informar con seriedad y en profundidad sobre todas aquellas cuestiones de interés social. Aplicando el concepto “informativo” no sólo a los programas claramente informativos que se emiten, sino al contenido informativo que el medio público transmite en la totalidad de su programación. Que desarrolle y garantice con equidad una definición amplia e inclusiva del derecho de acceso de los grupos sociales, sus realidades y experiencias, mediante espacios específicos en la radio y la televisión con formatos diversos, tiempos y horarios. La programación debe garantizar el pluralismo de la sociedad en distintos ámbitos: social, cultural, político, ideológico, religioso y territorial. La defensa estricta de la garantía de independencia de los profesionales de la información es necesaria y su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos. Así, la rendición de cuentas del periodismo frente a la ética profesional, contrastando la adecuación o inadecuación de las noticias con la realidad de los hechos, moldea la calidad de la información disponible. Pero para corregir las deficiencias de pluralismo no basta con el criterio profesional ya que –por ser corporativo– no es garantía suficiente, por lo que se necesita una autoridad reguladora independiente (mediante una ley específica), libre de influencias políticas.
4.- Que impulse la producción audiovisual independiente regional, elabore contenidos educativos, culturales y científicos, con programas sobre cuestiones de interés social (medio ambiente, cambio climático, educación para la salud, seguridad alimentaria, etc.) que, además de cooperar con la labor educativa de los padres, puedan ser empleados después en la escuela como materiales didácticos de apoyo o como recursos de información y formación. Que cumpla la normativa europea para impulsar la alfabetización audiovisual en la sociedad y en la educación, con el fin de fomentar la existencia de una ciudadanía mejor informada, madura, crítica y participativa, capaz de comprender los mensajes que reciben de los medios audiovisuales.
5.- Que incluya directrices que garanticen el desarrollo de un sistema de indicadores, tanto sobre los objetivos generales del servicio público en el Mandato Marco, sobre los objetivos específicos en el Contrato programa, como sobre la gestión, calidad audiovisual, etc., que deben ser parámetros objetivamente cuantificables (porcentajes, horas, etc.,) En concreto, indicadores sobre cuotas de programación, variedad programática y por franjas horarias (incluido el % del presupuesto destinado), valores, diversidad informativa, pluralismo (social, político, cultural,...), motor de la industria audiovisual, innovación, naturaleza de la producción (propia, coproducción, ajena), etc. Sin estos indicadores no es posible el control ni la transparencia en la gestión de RTRM. Debe garantizar también la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propia ley de RTRM, del Mandato marco y del Contrato programa, mediante un régimen sancionador que incluya la separación del cargo del infractor, así como multas por los daños y perjuicios causados.
6.- Que asuma y garantice la demanda de participación ciudadana mediante un Consejo Asesor, en consonancia con las garantías de pluralismo, atención a la diversidad social y cultural. Dicho Consejo elaborará un reglamento de funcionamiento interno preceptivo que incorpore los mecanismos reales que garanticen de forma amplia e inclusiva la participación ciudadana y de los distintos grupos sociales en el desarrollo de sus funciones: Participar con informes preceptivos a la Asamblea Regional y al Consejo de Administración de RTRM sobre la elaboración del Mandato Marco y del Contrato programa, respectivamente, sobre los criterios y normas que garanticen el derecho de acceso a los grupos sociales, sobre la creación del Defensor de la Audiencia; asesorar sobre la línea editorial y la programación informativa; emitir informes periódicos de seguimiento y control sobre las líneas y estrategias de programación y los contenidos (calidad, impacto social y cultural,...), incluida la línea editorial y sobre la ejecución periódica del Mandato marco y del Contrato programa.
7.- Que el Consejo de Administración de RTRM sea un órgano despolitizado, compuesto por profesionales independientes, con mecanismos de evaluación de su idoneidad acordes con un compromiso con la ciudadanía. Con funciones ejecutivas y dedicación exclusiva, que actúe con autoridad, rigor y transparencia en la gestión de RTRM; que elabore el Contrato programa y un informe preceptivo sobre el Mandato Marco. Que inspire su actuación en los principios de imparcialidad, integridad, honradez, eficacia, accesibilidad, equilibrio, con plena neutralidad e independencia del gobierno y de los partidos políticos.

SI ESTÁS DE ACUERDO FIRMA EL MANIFIESTO Y PÁSALO
Más información en www.derechoaccesomedios.org
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