martes, 10 de mayo de 2016

Rosa Peñalver sobre la TV pública 7RM: “Cerrar, ventilar y abrir de nuevo”

La PDAMP entrega las denuncias sobre los numerosos incumplimientos contractuales y legales de la empresa CBM-Secuoya, además del informe sobre la necesidad de modificar con urgencia la Ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia, tras reunirse con la Presidenta de la Asamblea Regional y los cuatro grupos parlamentarios.


En la reunión del pasado jueves 6 de mayo, tanto la Presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, como los representantes de los grupos parlamentarios, confirmaron a los miembros de la PDAMP que ninguna de las dos consejerías a las que se había entregado las denuncias, ni la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, ni la Consejería de Cultura y Portavocía les había entregado las tres denuncias, mes y medio después de haberlo solicitado en la tercera denuncia. Las denuncias han sido realizadas por la APARM, uno de los colectivos integrados en la PDAMP y que ésta, además de colaborar en su realización, suscribe y apoya íntegramente.

Los representantes de la PDAMP expusieron que a pesar del elevado número de incumplimientos contractuales y legales de la empresa CBM-Secuoya, encargada de la gestión indirecta de la televisión pública autonómica 7RM, no se ha iniciado ni un solo procedimiento de  imposición de penalidades a dicha empresa por parte de la Administración de la CARM. Con esta dejación de funciones por parte del Órgano de contratación, del Responsable del contrato, de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) y de la Comisión de seguimiento del Contrato-programa, se están favoreciendo los intereses privados de CBM-Secuoya y perjudicando el interés general.

Las denuncias evidencian la necesidad urgente de modificar la actual ley de RTRM

Rosa Peñalver coincidió con los miembros de la PDAMP en que a la sociedad murciana le cuesta millones de euros una televisión pública que no cumple con su función y misiones de servicio público. «Que alguien tendrá la responsabilidad de la mala gestión de la televisión». Y añadió que «habría que empezar de cero. Cerrar, ventilar y abrir de nuevo». Asimismo, Rosa Peñalver se comprometió a entregar a los cuatro grupos parlamentarios los documentos que le envíe la PDAMP.

Los miembros de la PDAMP les dijeron a los representantes de los grupos parlamentarios que la raíz del problema que expresan las denuncias, no es únicamente el fracaso del modelo de gestión indirecta de la televisión 7RM por la empresa CBM-Secuoya y su sustitución por un modelo de gestión directa. El problema también está en las numerosas deficiencias de la actual ley de RTRM que impiden que pueda cumplir con su función y misiones de servicio público. Misiones que ni siquiera contempla la normativa existente, pero que determinan las líneas, objetivos y estrategias de producción y programación. Está en la inexistencia de un sistema de indicadores sobre los objetivos de programación, la calidad audiovisual y la gestión del servicio público; sin estos indicadores no es posible ni el control ni la transparencia. Está en la ausencia de unos órganos (Consejo de Administración, Consejo Asesor, Consejo de informativos,...) que garanticen la independencia, pluralismo, profesionalidad y participación ciudadana de la programación. Todas estas deficiencias están recogidas en el informe sobre RTRM.


Así, el actual Consejo de Administración no ha sido capaz de detectar ni una sola de las irregularidades que recogen las denuncias. Lo que demuestra no sólo la falta de capacidad y profesionalidad de la mayoría de sus componentes, sino también su incapacidad como órgano por sus funciones y composición, basada en criterios de distribución de poder partidista. Tampoco la elección del Director General de RTRM por la Asamblea Regional resuelve en su origen el problema de fondo de la gestión indirecta de 7RM y lo que señalan las denuncias, ya que carece de competencias para modificar las atribuciones que la ley de RTRM le otorga a la empresa CBM-Secuoya (el actual gestor indirecto de 7RM). 

Todo ello indica, una vez más, la necesidad de cambiar la ley de RTRM en su totalidad por una nueva. Porque mientras no se cambie la ley, se está negando en la práctica a la población una radiotelevisión que, entre otras cosas, garantice realmente el derecho a estar informados y a comunicar, sin el cual no se puede ejercer la libertad de expresión. Ya que para ejercer ese derecho es esencial que la radiotelevisión pública cumpla con su función y misiones, sin lo cual las voces de los colectivos sociales no pueden ser escuchadas.

Andrés Pedreño, diputado del grupo parlamentario Podemos, dijo que conocía alguna de las denuncias y expresó el acuerdo de su grupo con cambiar en profundidad la actual ley de RTRM. Podemos ya planteó cambiar la ley de RTRM en su totalidad, cuando el PSOE propuso cambiar sólo la forma de elección del director general.

El diputado del PSOE, Emilio Ivars, dijo que conocía las denuncias a través de la web de APARM y que habían estado solicitando bastante información al Gobierno (informes de seguimiento firmados, de audiencias, etc.) sobre gran parte del contenido de las denuncias. Pero que “si hay algo en los informes firmados que no se está haciendo bien, el camino es otro”. Que tenían previsto pedir un informe sobre las soluciones que se están adoptando. Reconoció que la comisión sobre RTRM de la Asamblea Regional no se había reunido ni una sola vez en los diez meses de legislatura. La pretensión del PSOE de elaborar primero una ley del audiovisual y dejar para el final la ley de RTRM, no fue compartido por los miembros de PDAMP, ya que la ausencia de información veraz por los medios públicos de RTRM está provocando un daño enorme al conjunto de la sociedad, como expresan en parte las denuncias y se recoge más exhaustivamente en el informe sobre RTRM.

El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel Á. López-Morell, dijo que no conocía la existencia de las denuncias, pero que las leería con atención. Que ellos estaban para construir y, una vez que era consciente de la denuncias, se interesó por conocer el informe y la proposición de ley de RTRM elaborados por la PDAMP; también se comprometió a dar transparencia y hacer todo lo posible por resolver una cuestión tan sensible como la de RTRM. 

Elena Ruíz, diputada del PP dijo que no conocía las denuncias ni el informe sobre RTRM,  pero que las leería con atención y hablaría con su portavoz. Valoraba el esfuerzo de la  PDAMP por preparar y estudiar el tema a fondo.

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