viernes, 18 de septiembre de 2015

Contundente informe sobre Radiotelevisión de la Región de Murcia

El informe presentado por la PDAMP explica en profundidad por qué la actual ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia nunca ha tenido el propósito de servir al interés público ni buscar la rentabilidad social y denuncia la existencia de una red clientelar en torno a la televisión pública


Ayer la Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medios Públicos de Comunicación en la Región de Murcia (PDAMP), presento el informe Necesidad urgente de una nueva ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM). El informe realiza un análisis, tanto de la propia ley como de las negativas consecuencias –económicas y sociales– que ha tenido su aplicación en la sociedad murciana. Señala que las deficiencias y el poco rigor de la actual normativa impide que la radiotelevisión pública cumpla con su función de servicio público. Dicho informe va acompañado de una proposición de ley y ambos fueron entregados a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.


La primera deficiencia importante de la ley es la ausencia de misiones de servicio público. Esta ley está lejos de asumir que la oferta global audiovisual que tiene la misión de difundir, debe satisfacer las necesidades democráticas, culturales y educativas del conjunto de la sociedad. La ley está lejos de querer desarrollar el enorme potencial educativo de la radio y televisión pública, cuya programación debería promover valores educativos relacionados con todos los ámbitos formativos y del conocimiento, difundiendo contenidos de índole educativo para todos los segmentos de la sociedad murciana que estimulen un uso saludable de la televisión, potenciando la creatividad y una actitud crítica.

La ley actual de RTRM está lejos de garantizar el reconocimiento pleno, efectivo, del derecho universal a estar informados y a comunicar que tienen todas las personas. Para lo que es necesario diseñar una programación que posibilite el ejercicio del derecho de acceso de los grupos sociales, de un modo amplio e inclusivo. Su negación práctica es una forma de impedir la libertad de expresión.

El informe muestra la estrecha relación existente entre pluralismo político, pluralismo social y transparencia, que son negados por la actual ley de RTRM que no permite proporcionar una información independiente, contrastada, plural y veraz,  ni existe un Consejo de Informativos que vele por ello, como órgano de participación de los profesionales de la información de RTRM. Tampoco existe un Consejo Asesor como órgano de participación de la sociedad para asesorar a RTRM en materia de orientación sobre las líneas y estrategias de programación, contenidos y derecho de acceso.

«El objetivo primordial: asegurar el control del Gobierno regional sobre la radiotelevisión pública en beneficio del partido que tiene el poder político»

En los actuales órganos rectores de dirección y administración de RTRM, los mecanismos de dependencia gubernamental y los criterios políticos están por encima de los profesionales. El Director General de RTRM es elegido y cesado por el Gobierno, por lo que su independencia y neutralidad política es nula para ejercer sus funciones de dirección ejecutiva ordinaria. Esta forma de designación refuerza el color político que, de una forma u otra, acaba proyectándose sobre la línea informativa y programación más general. Un problema que no se resuelve porque el director general sea elegido por la Asamblea Regional ya que, en sí misma, esta elección  no resuelve el problema de la falta de independencia y pluralismo informativo o de falta de transparencia en la gestión de RTRM. Tampoco permite en absoluto lograr una programación de calidad que garantice el cumplimiento de su función y misiones de servicio público que la actual ley no tiene.

La composición del Consejo de Administración se basa más en criterios de distribución de poder partidista en cada legislatura que en la cualificación profesional de sus miembros, lo que facilita que se traslade a su seno el debate político en detrimento de la gestión. Lo que condiciona la garantía del pluralismo en la línea editorial. El pluralismo es un derecho ciudadano y sus mecanismos de funcionamiento deben garantizar, por principio, la independencia ante el poder político.  Esto exige despolitizar al máximo todos los órganos de dirección de RTRM, para garantizar una independencia y autonomía máximas. Pero también conviene perfilar los criterios que deben aplicar estos órganos, para reflejar adecuadamente el pluralismo en la línea editorial de la programación de RTRM. A unas atribuciones escasas y no ejecutivas del Consejo, hay que añadir la no selección de las personas con cualificación y experiencia profesional, que posean la predisposición y la calidad necesaria para ejercer el cargo, junto con la capacidad para asumir la idea de servicio público y romper las dinámicas partidistas. De modo que la radiotelevisión cumpla con su función de servicio público, a la vez que se mejora el seguimiento y control de una gestión más transparente y eficaz.

El informe desvela que la ley actual impone la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual autonómico de televisión por una empresa privada, deja en sus manos la información, le ofrece manga ancha legal para actuar con opacidad y discriminación en la contratación de las empresas productoras, permite una red clientelar financiada con fondos públicos e impide que 7RM pueda cumplir realmente con la obligación de impulsar el desarrollo industrial del sector audiovisual regional y crear empleo (directo e indirecto) estable y de calidad. Una empresa que incumple sus obligaciones con la permisividad cómplice de RTRM y del Responsable del contrato.

No hay disfraz ni fingimiento que pueda ocultar largo tiempo el desinterés porque RTRM cumpla el propósito de servir al interés público y de buscar la rentabilidad social, cuando el articulado de la propia ley indica que ese interés no existe. 

Para resolver todas estas deficiencias y carencias es necesario cambiar con urgencia y amplitud la ley de RTRM. Una nueva ley que, entre otras cosas, defina claramente su función de servicio público, explicite cuales son las misiones de la radiotelevisión pública, cree nuevos órganos y redefina las competencias de los órganos responsables existentes para hacer que dichas misiones se reflejen en la programación. Que propicie la transparencia con una información plural, independiente y veraz que, además, debe  posibilitar tres tipos de control: el control parlamentario, el control del cumplimiento de la función de servicio público y el control presupuestario y financiero.

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